Pues, ya casi no sé qué decir. Son todo cuestiones tan obvias que prácticamente no merecería comentarlas.

Que la libertad de empresa y el respeto a la propiedad y a los accionistas o socios es un presupuesto básico de las sociedades democráticas, es una cuestión sabida y que no debería generar hoy en día, suspicacia alguna. Que en el seno de la Unión Europea se ha consagrado la libertad de movimiento de personas y empresas, es también un principio establecido en su carta fundacional.

Que el Estado, conservador o llamémosle progresista tiene que cuidar y preservar esta libertad, precisamente como herramienta de crecimiento y desarrollo de la economía, constituye igualmente la base de una política coherente con los principios antes expresados.

Pero el gobierno de Sánchez, por lo que hemos leído y oído, ha ignorado en el contencioso Ferrovial estos conceptos elementales. Y en vez de preguntarse que ha de hacer el ejecutivo para que España sea tan atractiva como Holanda, Irlanda o Luxemburgo para atraer y retener inversores,- y ponerse a trabajar en ello-, ha escogido la senda de la presión y hasta del acoso a través de los medios informativos que le rinden pleitesía. Y se ha atrevido incluso a dirigirse a los accionistas de Ferrovial, envuelto en la bandera del patriotismo.

Finalmente, la Junta ha aprobado el cambio de sede.

¿Pero que visión tiene Sánchez y sus aliados en el gobierno del marco en el que deben desenvolverse las relaciones Estado/ciudadanos?. Pues, no sé. El gobierno es un servidor de los ciudadanos, un administrador fiel del acervo comunitario. Los ciudadanos y por supuesto las empresas no son un instrumento al servicio de los designios o la ideología del ejecutivo de turno.

El espectáculo que ha brindado el gobierno Sánchez ha sido realmente lamentable y perjudica a la marca España. Algún día tendremos que pedirle cuentas por ello.

Pero me temo que en política esto nunca o casi nunca sucede.

sábado, 15 de abril de 2023