Muy interesantes las declaraciones del presidente de Iberdrola Sánchez Galán en relación con las inversiones de la empresa y su apuesta por España. Así, a este respecto, dice: «Estamos experimentando decisiones con las que no estamos de acuerdo. Buscamos los países que nos aseguren el mayor retorno, ofrezcan estabilidad y donde funcione el Estado de derecho. Esto lo encontramos en los EEUU y en el Reino Unido. España no ofrece esta seguridad.»

Graves, gravísimas estas afirmaciones. Aunque no constituyen ninguna novedad y a las que con toda seguridad el Gobierno no prestará atención alguna. Y que por tanto en absoluto va a tratar de mejorar la percepción que en el mundo inversor se tiene, de la política que está desarrollando el ejecutivo.

Una muestra clara, inexplicable de todo ello, es el anunciado impuesto a las eléctricas por los beneficios extraordinarios que se obtengan. En Bruselas han llegado a una conclusión lógica y racional. De acuerdo en gravar unos beneficios, si éstos comparados con los obtenidos en otros ejercicios arrojan diferencias notables. Pero Sánchez y sus ministros han elegido el camino más «pedestre», directo e inmediato. Como imagino creen poco o nada en la generación de beneficios, han resuelto que lo que se va a gravar es un porcentaje de la facturación. Esto es, con independencia de los resultados, sean mayores o menores, al gobierno español, ello le da igual. Por tanto, el impuesto no es sobre los beneficios, lo es sobre la actividad. Y no es la primera vez que se despliega esta estrategia. Brevemente: «Vd. me paga por adelantado, porque yo ya asumo que Vd. va a ganar dinero. Y si no lo gana, me lo dice y ya veré si lo devuelvo.»

Es indudable que estas prácticas se acercan a un sistema claramente confiscatorio.

Tampoco es una novedad.

jueves, 10 de noviembre de 2022